La medida será posible gracias a un acuerdo entre el gobierno de España y el de Cataluña. En lugares como Barcelona, los alquileres ya absorben el 50% de los ingresos.
Control de precios en los alquileres
Desde el mes de febrero, la Comunidad Autónoma de Cataluña comenzará a controlar los precios de los alquileres. La medida fue anunciada el jueves por la Consellera de Territori de la Generalitat (Gobierno de Cataluña), Ester Capella, luego de una reunión mantenida entre su equipo y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodriguez, en Madrid.
A partir del acuerdo, el gobierno español se comprometió a que en febrero se publicará el Índice de Precios de Referencia de Alquiler, una pieza clave de la Ley Estatal de Vivienda, que habilita a la declaración de áreas de mercado residencial tensionado y el consecuente establecimiento de límites a los valores de arrendamientos residenciales.
De este modo, Cataluña será la primera Comunidad Autónoma en aplicar el control de precios a los alquileres de vivienda, política habilitada por la nueva ley nacional de vivienda, aprobada hace ocho meses. La medida era buscada por el gobierno de Cataluña, que durante 2023 ha sufrido un aumento de los alquileres que, en algunos sectores de la Comunidad (como Barcelona y su conurbano) ha llegado hasta el 20% de suba.
En el anuncio, Capella destacó que la medida no tendrá efectos retroactivos, y que tendrá una aplicación diferenciada si el dueño del piso es un pequeño propietario o un gran tenedor (propietario de al menos 10 propiedades de uso residencial).
La política permitirá establecer topes a los valores de los alquileres por un plazo de al menos tres años, renovables anualmente, durante los cuáles no podrá superar el precio del último contrato vigente en los cinco años posteriores a la actualización anual.
«Para nosotros, para el Gobierno de Cataluña, para el Departament de Territori es una muy buena noticia, como es también para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que la contención de rentas sea una realidad en el mes de febrero», expresó la funcionaria catalana.
Una problemática de mayorías
Los precios de los alquileres son una de las mayores preocupaciones entre los españoles de clases medias y populares. La recuperación del turismo pospandemia y el crecimiento de portales de alquileres eventuales de viviendas ha disparado los valores muy por encima de la inflación de precios general.
Desde el Ministerio de Vivienda de España emitieron un comunicado en el que destacaron que “hoy la vivienda es un problema transversal, de mayorías, y ambos gobiernos aspiran a atender esta demanda”.
El alcance de la medida
Conforme a lo que establece la Ley de Vivienda, la política de control de precios de los arrendamientos solo podrá ser aplicada en aquellos municipios que, conforme al índice que se brindará desde el gobierno español, sean declarados como “zonas residenciales tensionadas”.
Durante 2023, el gobierno catalán aumentó de 60 a 140 el número de municipios que tienen estas condiciones de subas consideradas excesivas y generan problemáticas de acceso y permanencia en la vivienda.
En total, estos 140 municipios engloba al 80% de la población de Cataluña, más de 6 millones de habitantes, entre ellos casi la totalidad del ámbito metropolitano de Barcelona. En la misma situación se encuentran cuatro capitales de provincia, gran parte de las comarcas costeras, y algunas localidades de montaña.
Para los inquilinos, la medida “llega tarde”
Para los inquilinos, la medida llega tarde. Durante 2023 los precios de los alquileres subieron considerablemente por encima de los salarios. Carme Arcarazo, del Sindicato de Llogateres, puso en duda que la medida efectivamente se aplique en febrero y dijo que antes de celebrar, hay que esperar a ver los detalles y la letra pequeña del acuerdo. “Puede ser que tenga agujeros y que no acabe haciendo bajar los alquileres tanto como sería justo”, indicó a la prensa.
Arcarazo señaló también que “cada mes que la regulación no entra en vigor son desahucios, subidas de los alquileres, familias que tienen menos dinero y más dinero a la especulación», y aseguró que, en Barcelona, la población dedica la mitad de lo que gana a pagar el alquiler. «Hace ocho meses que esperamos», señaló, «este bloqueo administrativo ha tenido más que ver con dar oxígeno a la patronal inmobiliaria», criticó.
Desde el Sindicat de Llogateres advirtieron que el nuevo índice de precios de referencia de los alquileres debería realizarse en base a los precios reales, y no a los precios inflados de los últimos años. «Hay que pinchar la burbuja, porque estamos en un momento donde los inquilinos viven estrangulados», reclamaron.
Para los expertos, es una mala noticia
Desde diferentes entidades especializadas en el tema de la vivienda, se mostraron pesimistas con el impacto que tendrá la nueva medida. Francisco Iñareta, portavoz del portal de alquileres Idealista, dijo que “no se trata de una buena noticia”, y afirmó que “no existe ningún lugar en el que el control de precios haya resultado beneficioso para los ciudadanos.
Además, Iñareta recordó que “estas recetas ya se han probado” en Cataluña, y que provocaron “una caída significativa de la oferta y subida de precios”. «En todas las ciudades en las que se ha implantado las consecuencias han sido las mismas: escasez de viviendas, enormes dificultades para el acceso, criterios muy selectivos por parte de los propietarios y el nacimiento del mercado negro», ha añadido.
En el mismo sentido se expresó Ferran Fondo, director de Estudios del portal Pisos.com, quien dijo que la situación “genera bastantes dudas” y que puede provocar que «un desequilibrio entre oferta y demanda» y que las inversiones en materia de alquiler se trasladen a otras comunidades.
David Caraballo, director general de Alquiler Seguro, dijo también que “hemos sido testigos ya de la ineficiencia de la utilización de índices para limitar el precio históricamente. Lo hemos visto en Gran Bretaña, en Berlín, en París y hace muy poco en Cataluña, concretamente en 2020”.
Caraballo agregó que “en todos los países donde se han tomado este tipo de medidas, se han producido efectos contrarios a los deseados. No solo no se ha logrado regular el mercado del alquiler, sino que se ha constatado cómo ha afectado a la oferta, retrayéndose, e incluso también a la demanda, intensificándola. Y los precios disparándose como consecuencia del desfase entre la realidad del mercado y las rentas intervenidas».
