¿Qué hay que hacer para obtener un pasaporte italiano o un turno para la ciudadanía italiana?

El acceso a turnos consulares es una de las principales preocupaciones de los italianos que viven en el exterior. Del tema se habla en los ámbitos parlamentarios y en las campañas políticas, pero sigue sin haber soluciones concretas para este problema que genera muchos otros y que deja a los italianos sin posibilidad de acceder a sus derechos.

Una necesidad que desespera a los italianos en el exterior

“Necesito un turno en el consulado de italia para tramitar la ciudadanía italiana de mis hijos”, “Desde hace tres años intento conseguir turno para obtener mi pasaporte italiano y es imposible”. Estos son algunos de los planteos recurrentes que, por centenares, recibimos a diario en InfoCivitano.com desde el momento mismo en que lanzamos nuestro portal de noticias, hace más de seis meses.

Desde aquel entonces detectamos rápidamente que el acceso a turnos consulares para obtener pasaporte italiano o para gestionar el reconocimiento de la ciudadanía italiana por derecho de sangre (iure sanguinis) es, por lejos, la principal preocupación de los italianos en el exterior. Y decimos “italianos en el exterior” porque, tal como lo reconoce la ley, los hijos de italianos son italianos, aún cuando el Estado aún no haya realizado el reconocimiento formal.

Derecho a la identidad y desigualdad ante la ley

El acceso al reconocimiento de la identidad nacional (nacionalidad) es un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 15. Esto es así, porque se reconoce que la identidad nacional es la base para acceder al amparo de la ley y del Estado. Quien no tiene su nacionalidad y su identidad reconocida, no puede ejercer ninguno de los otros derechos humanos básicos como trabajar, educarse, acceder a la salud, etc.

Pero Italia no está garantizando este derecho humano fundamental, a pesar de que se encuentra contemplado y amparado por las leyes, como la 91/92 y el artículo 3 de la Constitución. Así lo evidencia el gran número de comentarios que se encuentran en cada artículo que nuestro portal publica en torno a la apertura de nuevos turnos consulares, además de los que también recibimos en forma privada.

A pesar de que la ley reconoce un plazo máximo de 732 días para el trámite de reconocimiento de la ciudadanía italiana, los turnos para iniciar la gestión se brindan con cuentagotas, ya que algunos consulados otorgan 5 turnos a la semana para distritos consulares con cientos de miles de interesados. Además, el sistema para brindar los turnos (prenotami) funciona mal y es habitual (nuestros periodistas lo han comprobado) que el sistema se caiga durante unos minutos, para volver a conectarse cuando, llamativamente, ya no hay más turnos disponibles.

A esto se le suma la falta de transparencia sobre este relevante problema. Hasta el momento no hemos podido encontrar ni un solo informe público del Ministerio del Exterior de Italia que hable de cuántas personas fuera de la península están en condiciones de solicitar reconocimientos de ciudadanía, cuántas están actualmente requiriendo ciudadanía o pasaportes y cuántos turnos efectivamente se están brindando.

Medidas que no aportan claridad

Lejos de resolver el problema, se implementaron medidas que arrojan aún más oscuridad al problema, como la suspensión de turnos otorgados cuando no se puede verificar que la IP del dispositivo desde el cuál se realizó la solicitud pertenece al domicilio del interesado o al distrito consular correspondiente. 

Los turnos rechazados son puestos a disposición de los interesados en forma aleatoria en cualquier momento de la semana, algo que beneficia mucho más a quienes cuentan con dispositivos informáticos avanzados para captar turnos (y los pueden dejar funcionando en forma permanente), que a los usuarios particulares, que trabajan, duermen y con gran esfuerzo se hacen un rato en los horarios en los que se habilitan turnos para intentar adquirir alguno.

Tampoco está claro si algunos de esos turnos cancelados son reasignados en forma arbitraria por las autoridades consulares, a quiénes y cómo. Se trata de una serie de medidas que no aportan claridad, eficiencia ni transparencia, y alimentan un cúmulo de sospechas en torno a la falta de resolución del problema.

Esta semana, se conoció la decisión del Gobierno de Italia de realizar controles sobre el funcionamiento de los consulados sudamericanos. Resta conocer si esto produce cambios concretos en el sentido correcto, que impacten en la satisfacción de una demanda que no solo es justa, sino que es básica desde el punto de vista jurídico.

Quiénes se benefician con esta situación

Es incomprensible que mientras el Estado italiano ensaya políticas que buscan favorecer el retorno a la península de los descendientes de italianos, por otro lado el trámite se vuelva tan engorroso. Por mucho que las páginas de consulados y embajadas aclaren que la solicitud de turnos es un trámite personal y gratuito, las personas seguirán cayendo en manos de hackers con sofisticados sistemas informáticos que les venden por cientos (o miles) de dólares, un turno.

El escenario también pone el foco sobre el sincero interés de los políticos en resolver este problema para abrir las puertas a nuevos ciudadanos. Mientras los cientos de miles de solicitantes no accedan a su ciudadanía, acceder a una banca parlamentaria italiana seguirá requiriendo el apoyo de un número ridículamente pequeño de ciudadanos (22 mil en las últimas elecciones, menos de un tercio de los necesarios en la península para obtener una banca). 

Otros beneficiados por el problema son los abogados, que han montado una verdadera industria del juicio en torno a esta necesidad generada por el Estado. Cada juicio de ciudadanía por falta de turnos puede costar entre 3 y 8 mil euros, y si bien pueden demorar entre 1 y 2 años, no requieren más que el cumplimiento de los mismos requisitos planteados para realizar el trámite por vía consular (algo que no se puede hacer sin representación legal).

Por último, los gestores de ciudadanía en la península también han encontrado en esta deficiencia estatal una posibilidad de lucro. Alquilando camas por 600 euros al mes y cobrando 300 euros de acompañamiento (que en muchos casos es hacer casi nada), obtienen rentas ridículas con viviendas que suelen estar casi todo el año vacías (excepto en temporadas de vacaciones) y que en muchos casos se encuentran en muy mal estado.

En esos lugares desembarcan cada año miles de sudamericanos que no pueden seguir esperando la lotería de turnos consulares, pero muchas veces terminan en el abismo entre los gestores y un Estado italiano que los discrimina y los trata como ajenos, mientras hace la vista gorda ante situaciones de explotación y precarización laboral, o abuso en sus derechos de consumidores. En camino a su reconocimiento, estas personas, mayoritariamente jóvenes, se encuentran desamparados del acompañamiento de los políticos que deberían conocer sus situaciones y atenderlas. En la tierra de sus abuelos, son muchas veces ignorados por quienes justamente deberían ser sus representantes.

Todo esto ocurre a la vista de funcionarios que no responden consultas ni brindan entrevistas, y también de políticos que cobran 12 mil euros mensuales para subir paisajes y fotos de visitas a eventos, pero a los cuales casi nadie les conoce la voz en el parlamento y que seguramente, en las próximas elecciones, volverán a hablar de los mismos problemas, y de las soluciones que, hasta ahora, nunca brindaron.

Es tiempo de respuestas para la ciudadanía italiana

Este medio está abierto a publicar, cuando así lo quieran hacer, las medidas concretas que los políticos tomen para resolver estas situaciones, siempre que estas sean concretas y verdaderas, y no solamente declaracionismo para justificar la inacción ante el que es hoy el principal problema de los italianos en el exterior.

Es tiempo de que la política y el Estado italiano encuentren una solución efectiva para cumplir con la ley y el derecho de los italianos en el exterior. La ley habla de dos años, y es responsabilidad de los funcionarios encontrar el modo de que esto se cumpla para todos, y no solo para quienes se beneficien del favor de un funcionario, o quienes tienen los recursos para pagarle a un hacker o a un abogado. Así lo indica el artículo 3 de la constitución italiana: “igualdad ante la ley”, sin discriminación de situación económica o alguna otra.