En su reunión del martes, el Gabinete de Ministros de España aprobó un anteproyecto que deberá ser discutido en el parlamento, y permite el acceso a la salud de inmigrantes y españoles que residen en el exterior. La medida revierte otra tomada en 2012 por el gobierno conservador, que dejaba a cientos de miles de inmigrantes, fuera de la cobertura de salud básica.
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Regreso a la salud universal
El Consejo de Ministros del gobierno de España aprobó este martes el anteproyecto de “Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de una reforma sanitaria busca “garantizar el acceso” a la sanidad pública de miles de personas excluidas por una norma dictada en 2012, principalmente inmigrantes y españoles que viven en el exterior.
Si bien la medida no ampliaría el grupo de personas con derecho a la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), si les garantizaría el acceso a la atención mediante una «declaración responsable», por la cual se comprometen a que, en caso de resolverse en el procedimiento administrativo posterior que se debe gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago, esto se efectivice.
La norma anterior, impulsada hace 12 años por el gobierno del Partido Popular, dejaba sin cobertura de salud a personas con residencia irregular en España, así como a los familiares reagrupados y a los españoles con residencia fuera del país que se encontraban momentáneamente en el territorio español y sus acompñanantes. Un grupo que, según estimaciones de 2016 era de más de 800 mil personas, y hoy sería aún mayor.
El regreso a la universalidad en la salud pública era uno de los puntos centrales en el acuerdo de los partidos Socialista Español (PSOE) y Sumar, que llevaron a Sanchez a la presidencia de España en 2023.
Derechos para españoles en el exterior
En caso de ser aprobada por el parlamento Español, la nueva redacción de la ley ampliará el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero y se encuentren temporalmente en territorio español, así como a los familiares que los acompañen, siempre que «no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria».
También se amplía el derechos a la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el SNS, es decir padres de personas con derecho de acceso a la salud pública española, siempre que estos ascendientes estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.
El caso de inmigrantes
El nuevo proyecto de ley también incluye la protección de la salud y a la atención sanitaria para personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Esta cobertura será «en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España».
Desde Sanidad aclararon que este derecho a la asistencia de salud en España «no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español».
El mecanismo de acceso se simplificará, ya que solo será necesario presentar una declaración responsable (no el empadronamiento), al momento de requerir la atención. A posteriori, un procedimiento administrativo deberá determinar si la persona (o un tercero obligado) deberá pagar o no por la prestación.
Los mismos grupos incluídos en la norma también serán incorporados al sistema de prestación farmacéutica para acceder a descuentos y beneficios en los medicamentos.
La reforma sanitaria de 2012
En 2012, el gobierno de mariano Rajoy aprobó un real decreto de reforma sanitaria que, entre otras medidas, incluía la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y urgencias.
En aquel entonces, la norma tuvo el rechazo de organizaciones sociales, organismos internacionales y de catorce de las diecisiete comunidades autónomas.
Tras la puesta en vigencia del real decreto, organizaciones de la sociedad civil y la oposición política denunciaron que la norma no solo negaba un derecho humano básico a una parte importante de la ciudadanía, sino que también se estaba excluyendo a embarazadas y niños, y personas en situaciones de urgencias, aprovechando la falta de información de la población sobre sus derechos o formas de actuar frente a rechazos arbitrarios en los establecimientos de salud.
“Las barreras administrativas y la falta de información” fueron señaladas como las principales causas de exclusión de las personas del sistema de salud, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia.
En los meses posteriores, muchas comunidades autonómicas debieron implementar medidas para contrarrestar los efectos de la norma.
Según datos de 2016, unas 800 mil personas sufrían los efectos de la exclusión establecida por esta norma. En su mayoría se trataba de inmigrantes que proceden de países latinoamericanos (49%) y comunitarios (22%), seguidos de subsaharianos (13%).
La norma también afectó a personas en situación regular que llegaron a España a través de un proceso de reagrupación familiar y se encontraron con un “laberinto jurídico», inclusive ancianos con hijos que residen legalmente en España y a quienes se les negaba la tarjeta sanitaria en virtud de la reforma de 2012.
Salud mental, gafas y más servicios
Además de eliminar la restricción para personas con residencias temporales y en situaciones irregulares, la norma impulsada por el Gabinete de Ministros también incluye otros aspectos, como el traspaso de 38,5 millones de euros a las comunidades autonómicas, en el marco de la estrategia pública de salud mental. La ministra García indicó que este punto viene a “reforzar el plan 2022-2024 esa estrategia de salud mental para que las comunidades autónomas puedan poner acciones, medidas e iniciativas que vayan en la mejora de la salud mental de la población».
También se establece la ampliación de la cartera de servicios, con el objeto de incluir otro tipo de prestaciones y evitar nuevos copagos en aspectos como la rehabilitación, que en el texto anterior evitaba la inclusión de personas que tuvieran un déficit funcional recuperable.
En lo que respecta a la inclusión de las gafas y las lentillas entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud para 2025, García dijo que próximamente comenzarán los encuentros con ópticos optometristas para avanzar en «algunas propuestas» que se llevan trabajando desde hace tiempo. La implementación de este proyecto sería progresivo, y en un primer momento alcanzaría a las personas con menores recursos económicos.
Cerrar una brecha
En el acto de anuncio del proyecto, la ministra Mónica García fustigó duramente a la norma aprobada en 2012 por el PP y dijo que «no solo debilitaba el Sistema Nacional de Salud sino que conculcaba el código deontológico de los profesionales que no podemos excluir a ningún paciente por ninguna condición». «Lo que se hace (con la nueva norma) es cerrar una brecha que se abrió» y poner a España «en la vanguardia de la defensa de la salud y de los derechos humanos».
También dijo que la nueva ley será una “herramienta útil” para retener talento, cuidar a los profesionales y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y las prestaciones en salud de todas las administraciones. «Una de las lecciones que aprendimos durante la pandemia en la que se decía que nadie está salvo hasta que todo el mundo esté a salvo», dijo la funcionaria, defendiendo la inclusión universal de las personas en el sistema público de salud.
Hasta el momento, la oposición conservadora del Partido Popular (PP), no se ha expresado sobre la iniciativa, pero medios vinculados al conservadurismo ya señalaron que la nueva medida solo traerá degradación al sistema de salud, y señalan el deterioro del sistema sanitario de Navarra como un ejemplo de lo que podría pasar.
